PlanDAI

El Derecho de Acceso a la Información (DAI) es una herramienta valiosa que contribuye a transparentar la gestión pública y potencialmente a prevenir la corrupción. Pero no sólo eso, la experiencia también ha mostrado que cuando este derecho se enseña, se transmite y se ejerce estratégicamente, se abre un abanico de posibilidades para el usuario. Por ejemplo, puede incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones y, por tanto, aumentar la incidencia de la población para generar beneficios a su comunidad.

No obstante, estudios como la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales señalan que actualmente, México tiene diversas áreas de oportunidad en esta materia. Sólo el 50.6% de las personas en el país tienen conocimiento acerca de una ley o institución relacionada con el DAI; mientras que apenas 5.6% dice haber realizado una solicitud de información a lo largo de su vida y 14.1% haber visitado un portal de internet de gobierno. Ello, sin considerar que actualmente, se desconoce si estas personas realmente están aprovechando este derecho; es decir, si su ejercicio les está permitiendo transformar realidades y mejorar su calidad de vida.

PlanDAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) promueve el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI). Una política pública que tiene como objetivo incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población, principalmente por aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Para ello, está orientada a la construcción de una Red Nacional de Socialización del DAI (a partir de la integración de redes locales), así como a la formación y despliegue en campo de actores denominados “Personas Facilitadoras del DAI”. Lo anterior, con el propósito de ampliar el alcance e impacto de este derecho en nuestro país.

Específicamente, el PlanDAI busca (1) posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de toda persona, (2) ampliar y diversificar la base de usuarios, y (3) propiciar su ejercicio estratégico y el uso de la información pública para alcanzar objetivos concretos; y con ello, permitir que las personas puedan usar este derecho como una herramienta para incidir en su vida cotidiana.